El decreto andaluz de inserción incluye como beneficiarios a personas con discapacidad, parados de más de 50 años y víctimas de violencia de género.

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el decreto que regula la calificación y el registro de las "empresas de inserción", sociedades que unen a su finalidad económica el objetivo de favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. La norma, que supone el desarrollo en Andalucía de la legislación marco estatal sobre la materia, se completará posteriormente con la orden que abordará las medidas de respaldo público a este tipo de entidades.

Respecto a la ley estatal, la principal novedad se deriva de que el decreto andaluz incorpora como colectivos considerados en riesgo de exclusión a las mujeres víctimas de violencia procedentes de casas de acogida o programas de protección; a los emigrantes retornados con graves necesidades personales o familiares; a las personas que tienen a su cargo una familia monoparental; a los mayores de 50 años inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses ininterrumpidamente, y a las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.

Estos grupos se suman a los ya definidos en la ley: perceptores de rentas mínimas de inserción o que no puedan acceder a éstas por falta del período exigido de residencia o empadronamiento o por haber agotado el período máximo; jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores; personas en proceso de rehabilitación por problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios que pueden acceder a un empleo en régimen abierto; menores internos, y personas procedentes de servicios de prevención e inserción social y de centros de alojamiento alternativo autorizados.

Las empresas reguladas podrán contratar a personas procedentes de estos colectivos que se hallen inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan asumido un compromiso de inserción.

Otro requisito exigido es que destinen el 80% de sus resultados a la mejora de las estructuras productivas y a iniciativas de integración sociolaboral.

Fuente: Solidaridad Digital